LA UNIVERSIDAD ESTÁ EN RIESGO

Hace tiempo, el profesor, activista y salubrista Héctor Abad Gómez[1] afirmaba que “La Universidad está en la mira de quienes desean que nadie cuestione nada, que todos pensemos igual; es el blanco de aquellos para quienes el saber y el pensamiento crítico son un peligro social, por lo cual utilizan el arma del terror para que ese interlocutor crítico de la sociedad pierda su equilibrio, caiga en la desesperación de los sometidos por la vía del escarmiento”. Lamentablemente la frase sigue teniendo vigencia, no solo por su contundencia sino por hechos concretos; los estamentos universitarios veníamos movilizándonos a nivel nacional por las reformas regresivas del actual gobierno en noviembre del año pasado y por la férrea defensa del financiamiento amplio y suficiente de la educación superior desde el movimiento del 2018. 

 

La movilización nacional contra el paquetazo de Duque, como se llamó a la última etapa desde noviembre del 2019, sorprendió por su energía, creatividad, masiva y espontánea convocatoria y aún mucho más variada concurrencia de personas de todas las edades, condiciones y características.  Llegan entonces los nuevos mandatarios de turno y endurecen las medidas para la movilización y la protesta argumentando los conatos de violencia que ellas representan, no valieron pruebas ni denuncias públicas sobre personas infiltradas en las marchas para romperlas, para crear el caos y deslegitimar la justa causa que las motivaba; la Universidad volvió a ponerse en el centro de la palestra y de la mirada pública con un mal llamado protocolo de la Alcaldía de Medellín que autorizaba el ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía Nacional ESMAD, cuyo estreno terminó en lamentables hechos, cuantiosos daños, detenciones arbitrarias, afectaciones a mobiliario público, educativo sobre todo, unidades habitacionales vecinas, medio ambiente y movilidad, incluso hasta altas horas de la noche; ya no evacuan las alarmas sino el helicóptero heredado de la administración anterior.

 

Semanas siguientes aparece un panfleto amenazante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia dirigido a organizaciones, agremiaciones, colectivos, estamentos, profesores y estudiantes con nombre propio, hasta la Cooperativa de la Universidad, papelerías y copiadoras; en dicho listado se reúne fácilmente a toda la universidad, y no siendo suficiente con ello a los dos días atentan contra mi vida a altas horas de la madrugada y en mi propia vivienda, en hechos que están siendo materia de investigación por los organismos competentes. Durante estos tres meses transcurridos en un enrarecido ambiente generado por el COVID – 19 las medidas sanitarias, el aislamiento social y el confinamiento preventivo, avanza lenta la justicia y las medidas de protección para todas las organizaciones amenazadas entonces, sin respuesta concreta a la Universidad.

 

Mientras tanto, siguen emitiéndose decretos presidenciales que afectan los más elementales derechos al trabajo, a la pensión digna, al salario completo, al contrato de trabajo, al trabajo estable y bien remunerado, a la seguridad social, los derechos civiles, entre otros, y los estamentos guardados, intentando simular una normalidad que no es tal, intentando llevar los cursos sin conectividad, intentando retener estudiantes para que no deserten, acompañar procesos que ha develado las otras desigualdades e inequidades, no sólo de estudiantes, también de profesores, hombres y mujeres, y las actividades siguen y los compromisos se cumplen; como mi participación en un debate virtual abierto sobre el ESMAD el 28 de mayo pasado donde intercambiamos puntos de vista sobre la pertinencia o no de un Escuadrón que a la fecha ha cobrado la muerte de 34 personas como se desveló allí, la cifra más alta de cualquier otro escuadrón similar en América Latina y ante las posturas planteadas, en medio de las diferencias como lo exigen los debates constructivos y respetuosos, mi labor universitaria es cuestionada y señalada como ideología de izquierda que debe ser erradicada de la universidad pública por parte de un concejal del Centro Democrático Sebastián López y entonces entiendo de primera mano, en primer plano, que no soy yo Sara Fernández, es la UNIVERSIDAD PÚBLICA la que está en riesgo y que se trivializa y normaliza en el contexto, frases lapidarias como estas que nos cuestan la vida y nos vuelven a poner en el ojo del huracán, autorizando acciones de odio por ignorancia y por desconocimiento de lo que representa la educación pública en un país, por aquellos que no entienden a la universidad como la posibilidad de construir una mejor sociedad, un mejor mundo posible, aquella que es capaz de –en medio de la pandemia, la escasez y el desfinanciamiento- responder con ingeniería local para ofrecer respiradores manejables, accesibles y a bajo costo para atender la emergencia,  avanzar en comprender el virus, entenderlo a fondo para buscar salidas posibles; aquella que es capaz de volcarse a las comunidades, incluyendo la universitaria, para hacer acompañamiento, contención, seguimiento y apoyo solidario a grupos poblacionales de alto riesgo en la ciudad de Medellín y en las sedes regionales.

 

Estamentos y directivas, comunidad universitaria en general, necesitamos cuidarnos para seguir defendiendo la educación pública, no seamos convidados de piedra frente a la estigmatización del gobierno municipal y nacional, frente al derecho a la protesta y a la movilización social, frente a la exigibilidad de derechos contemplados en la Constitución Nacional que consagra además la pluralidad, la inclusión y la no discriminación como principio ordenador de su Carta, seguida como corresponde por la Universidad.

 

En Colombia, donde hay tantas lideresas y tantos líderes sociales asesinados, defensores y defensoras desplazadas y amenazadas como personas fallecidas por el COVID 19 en lo que va corrido el tiempo de la cuarentena, hay que alarmarse por la normalización del odio, de la violencia, del riesgo, porque la aniquilación del otro es en parte la aniquilación del sí mismo, al no tener contraparte, muere el debate, muere la democracia, muere la universidad, muere el pensamiento.

 

Por eso insisto: La UNIVERSIDAD está en riesgo.

 



[1] Héctor Abad Gómez fue un médico, ensayista, político y especialista en Salud Pública colombiano, nacido en Jericó, Antioquia, en 1921 y esposo de Cecilia Faciolince, con la que tuvo un hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, y 5 hijas. Fue asesinado en la época de la guerra contra el Cartel de Medellín y los círculos de poder de Pablo Escobar que controlaban el escenario delictivo en esa ciudad. Tomado de https://akifrases.com/frase/100022